A la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se ha trasladado la regulación (de la Ley 30/1992) relativa a los órganos, la abstención y recusación así como los principios del Derecho sancionador y de la responsabilidad patrimonial, además de prever el marco general de los convenios y el funcionamiento electrónico del sector Público.
Y obviamente en esta norma se contiene la información para conocer el organigrama del Sector público estatal y los principios rectores, así como la extensa regulación de la Administración Institucional.
Principios Generales:
Pasan a recogerse expresamente los principios de transparencia y de planificación y dirección por objetivos, junto a los ya tradicionales de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
Asimismo se contempla como nuevo principio de actuación el de «interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos», fruto de esa tendencia de electronificación que sigue también la Ley de procedimiento administrativo.
No obstante, como es sabido, sobre tales principios la clave está en su aplicación práctica, es decir, la jurisprudencia.
Los Organos:
Se definen en la LRJSP los órganos, pero por lo demás se sigue la regulación de la Ley 30/1992 en los temas centrales (competencia, delegación, avocación encomienda de gestión, delegación de firma; suplencia, decisiones sobre competencia). Se regulan las instrucciones y órdenes de servicio al comienzo del articulado, en vez de al final.
Se regulan ahora los órganos consultivos, encuadrando a estos, por tanto, en el marco general de los órganos.
Abstención por vínculo matrimonial.
El motivo segundo de la abstención ya no se refiere sólo al parentesco de consanguinidad sino también al vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable; regulación saludable.
A la Ley de procedimiento se llevan los aspectos procedimentales.
Y los materiales a la LRJSP.
Los principios de la potestad sancionadora se prevén ahora en este contexto preliminar, a partir del artículo 25. Son obviamente los principios conocidos en la práctica: legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción, siguiendo (como podemos apreciar) los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/92. A continuación los artículos 32 y siguientes regulan la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, siguiendo los artículos 139 a 141 de la ley 30/92. -En la «responsabilidad patrimonial del Estado Legislador», por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, se concretan las condiciones que deben darse para que se pueda proceder, en su caso, a la indemnización que corresponda.
En la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas (que es el nuevo artículo 36) se pormenoriza ahora el contenido que debe tener el acuerdo del órgano competente dando inicio del procedimiento para la exigencia de responsabilidad.
Marco regulador de los Convenios y del funcionamiento electrónico del sector público.
Los convenios consiguen a partir del artículo 47 de la LRJSP un marco general de referencia: se definen los convenios y se regulan los tipos; se expresan los requisitos de validez y eficacia de los convenios, así como su contenido y los trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos; y finalmente el tema de los efectos extinción y remisión al Tribunal de Cuentas. Se ha seguido el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, que recomendaba sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su validez, e imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal.
En el artículo 38 se regula el funcionamiento electrónico del sector público incidiendo en los siguientes temas: la sede electrónica toma el portal de Internet, los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas, la actuación administrativa automatizada, los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada, la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, el aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica y el archivo electrónico de documentos.
Se deroga la LOFAGE, la referencia ahora es el título I de la LRJSP. -Esta ley reordena parcialmente las competencias entre los órganos superiores, Ministros y Secretarios de Estado, y directivos, Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales de los Ministerios, atribuyendo a ciertos órganos como propias algunas funciones que hasta ahora habitualmente se delegaban en ellos.
-Los Subsecretarios pasan a tener la competencia de adoptar e impulsar las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos y medios materiales en el ámbito de su Departamento.
-La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercen las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno.
-El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u otro organismo público; o bien la Subsecretaría de cada departamento, coordinarán la organización y gestión de los servicios comunes de los Ministerios y entidades dependientes.
-Los Delegados del Gobierno se definen por su papel político e institucional como órganos directivos, correspondiendo su nombramiento a criterios de competencia profesional y experiencia. Sus competencias son: competencias de dirección y coordinación; de información de la acción del Gobierno y a los ciudadanos; de coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas; competencias relativas al control de legalidad; y competencias relacionadas con el desarrollo de las políticas públicas.
-Respecto de los Subdelegados del Gobierno, se le atribuye la competencia de coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito de su provincia.
-Por lo que se refiere a la Administración General del Estado en el exterior, se efectúa una remisión a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, y a su normativa de desarrollo, declarándose la aplicación supletoria de la presente Ley.
Seguramente, el mayor esfuerzo regulativo se ha hecho en torno a este tema. En esta clave lo útil parece ser informar de la tipología de tal Administración institucional en virtud de la LRJSP.
En cuanto a la tipología propia del sector institucional del Estado, la Ley contempla las siguientes categorías de entidades: organismos públicos, que comprende los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las autoridades administrativas independientes; las sociedades mercantiles estatales; las fundaciones del sector público estatal; los consorcios; y los fondos sin personalidad jurídica.
En los capítulos correspondientes a cada tipo se define su régimen jurídico, económico-financiero, presupuestario, de contratación, y de personal.
Se definen los organismos públicos en sentido conocido, igual que los organismos autónomos. Las autoridades administrativas independientes se definen por tener atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad económica.
Se mantiene el concepto de sociedades mercantiles estatales actualmente vigente en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, pudiendo exigirse de oficio la responsabilidad del administrador por los daños y perjuicios causados cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
La ley establece con carácter básico el régimen jurídico de los consorcios, al tratarse de un régimen que, por definición, afectará a todas las Administraciones Públicas, siguiendo la línea de las modificaciones efectuadas por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
Se establece el régimen jurídico de las fundaciones del sector público estatal, manteniendo las líneas fundamentales de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, para las fundaciones del sector público estatal.
Y se regulan los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal , figura cuya frecuente utilización demandaba el establecimiento de un régimen jurídico, y que deberán crearse por ley.
Se prevé la obligatoriedad de inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el nuevo Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Este Registro permitirá contar con información completa, fiable y pública del número y los tipos de organismos públicos y entidades existentes en cada momento.
Por un lado, se obliga a todas las Administraciones a disponer de un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de propuestas de transformación, mantenimiento o extinción. En este sentido, se pretende también que se evalúe la entidad, en el sentido de juzgar si sigue siendo la forma más eficiente y eficaz para cumplir los objetivos que persiguió su creación, o proponiendo alternativas en caso de que no sea así. De este modo, el sector público estatal queda sujeto a una «supervisión continua», desde su creación hasta su extinción, a cargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este sistema permitirá evaluar de forma continua la pervivencia de las razones que justificaron la creación de cada entidad y su sostenibilidad futura.
Por otro lado, la LRJSP hace especial hincapié en el control de eficacia de los entes públicos y en el mantenimiento de los estrictamente necesarios para la realización de las funciones legalmente encomendadas al sector público.
Se hace más exigente la creación de organismos públicos al someterse a los siguientes requisitos: por un lado, la elaboración de un plan de actuación con un contenido mínimo que incluye un análisis de eficiencia y las razones que fundamentan la creación; justificación de la forma jurídica propuesta; determinación de los objetivos a cumplir y los indicadores para medirlos; acreditación de la inexistencia de duplicidades, etc. Y, por otro lado, un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Además, se aplicará una gestión compartida de los servicios comunes. Y se prevé un régimen de transformaciones y fusiones de organismos públicos de la misma naturaleza jurídica, bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, o bien mediante su absorción por otro ya existente.
La LRJSP tras citar (en el artículo 140) los principios de las relaciones interadministrativas, insiste (en el artículo 141) en el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, exponiéndose las distintas técnicas de cooperación. Se diferencia entre la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperación (artículos 145 y ss.).
Se definen las Conferencias Sectoriales y se regulan con profusión sus funciones y su posible funcionamiento electrónico de estos órganos, a fin de ahorrar gastos.
La LRJSP crea un Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación con efecto constitutivo, de forma que pueda ser de general conocimiento, de forma fiable, la información relativa a los órganos de cooperación y coordinación en los que participa la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, y qué convenios hay en vigor en cada momento.
Se propicia la creación voluntaria de servicios integrados o complementarios, en los que cada Administración tenga en cuenta las competencias de otras Administraciones públicas y conozca sus proyectos de actuación para mejorar la eficacia de todo el sistema administrativo. Ello como respuesta legal a las interrelaciones competenciales que se han venido desarrollando durante los últimos años. Y se potencia la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua, cada vez más integrados.